No es necesario hacer acopio de un gran arsenal de argumentos para advertir con presteza que el pilar fundamental sobre el que se asienta la personalidad humana es la actividad laboral. El desempleo prolongado, forzoso y masivo, conjugado con unos elevados índices de subempleo —que es tanto como decir paro encubierto, caracterizado por el exceso de trabajadores precarios—, alimentan la que se ha venido en catalogar como la «nueva cuestión social». Desde tales premisas, esta monografía trata de analizar las grandes opciones de política de empleo que han marcado la función histórica y actual de la intermediación laboral, con el fin de señalar cómo al margen de las singulares y diferentes soluciones adoptadas por las disposiciones que se han sucedido en el tiempo, singularmente las acaecidas en los años 2010 y 2011, el principal y constante problema que éstas han pretendido afrontar y resolver se ha centrado en torno a la definición de los sujetos intermediadores, tarea que se ha traducido en una doble tensión, no siempre simultánea. De un lado, entre los distintos poderes territoriales del Estado por ocupar los espacios reservados a la mediación pública; de otro, en el reparto o distribución de la actividad de intermediación laboral entre los organismos oficiales y las entidades privadas, tengan o no ánimo de lucro.
Es más, el presente trabajo desciende a las nuevas necesidades que plantea la colocación en un mercado de trabajo cada vez más fragmentado, poniendo de manifiesto la necesidad de emprender una profunda reforma legal, dando las pautas necesarias para la elaboración de un texto único que contemple todas las modalidades posibles, capaz de superar el desfase existente en la actualidad entre la prestación de servicios relacionados con el empleo y el marco normativo que teóricamente la ordena, donde, pese a las últimas reformas, existen muchas lagunas de regulación que facilitan la competencia desleal por parte de algunos agentes.